Fondo

Convertirse en una sociedad en red. Las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante, las TIC) y sus prácticas asociadas están provocando cambios irreversibles en el panorama social y político. Desde la asociación de residentes más pequeños hasta la campaña electoral más intensiva, desde una organización de vecindad o movimiento social hasta la Unión Europea, las relaciones políticas están cada vez más determinadas por el uso de los dispositivos y las tecnologías digitales. Parece que el futuro de la participación democrática y la acción colectiva será a través del desarrollo de plataformas digitales y procesos híbridos, que renovan las prácticas tradicionales y las combinan con las digitales (Fuchs, 2007).

Esta transición coincide con el declive de los sistemas representativos en las últimas décadas (Norris, 1999; Pharr & Putnam, 2000; Tormey, 2015), que ha contribuido a cuestionar la legitimidad y el sentido de la democracia en sí, reducidos y a menudo identificados con este sistema (Crouch, 2004; Keane, 2009; Streeck, 2016). Varios autores han utilizado los términos “postrepresentación” para referirse al vaciamiento del poder y el significado de las instituciones representativas que pasan de la globalización a la descontención y desinversión de los ciudadanos (Brito Vieira y Runciman, 2008 Keane, 2009; Rosanvallon , 2011; Tormey, 2015). Los diversos intentos de impulsar la participación han demostrado no estar a la altura de la tarea de invertir estas tendencias (Keane, 2011; Tormey, 2015).

Esta larga crisis política se produce a costa de la crisis financiera y económica de 2008, y está directamente relacionada con esta crisis anterior. Aún así, millones de personas se movilizaron ante la crisis. con intención no sólo de exigir, sino también de experimentar y construir una democracia real. El desarrollo clave aquí fue el movimiento de redes de 15M. Es en el contexto de la hipermediación tecnológica que las tecnologías de la información y la comunicación utilizado en los años ochenta y noventa para acelerar los flujos financieros y la globalización (Castells, 1996), se convirtió en espacios y dispositivos cruciales para una reapropiación multitudinaria de la política, así como para la experimentación democrática (Martinet Ros et al). 2015).

Tras cuatro años de numerosos éxitos y fracasos, las nuevas iniciativas políticas ciudadanas en mayo de 2015 lograron tomar el poder en las principales ciudades de España, incluida Barcelona. En este sentido, se basaban en la marea de países como Iceland, donde la crisis económica había llevado a un período de reapropiación ciudadana de las instituciones y a una fértil innovación democrática. basado en un uso intenso y creativo de las TIC.

Desde 15M, la mayoría de los experimentos destinados a introducir nuevas formas de democracia participativa y deliberada (Barber, 1984; Habermas, 1994, 1996; Della Porta 2013) han sido mediados tecnológicamente. Como se puede ver en el caso de Iceland (así como en otros, como Finlandia), los procesos de democratización de la movilización y el empoderamiento de los ciudadanos requieren una coordinación tecnopolítica (Rodota�) 1997; Martinet Ros et al. 2015) para lograr su máxima riqueza y capacidad. La tecnopolítica surge de la politización de las tecnologías y de la reagrupación tecnológica de la política, así como del codesarrollo y coproducción de la política y las tecnologías. En cuanto a las formas de participación y deliberación tecnopolítica, las prácticas digitales y cara a cara, los espacios y los procesos se conectan y se alimentan unos de otros, adquiriendo una dimensión de varias capas. Estos dispositivos participativos están orientados a aumentar el número variedad y paridad de jugadores que "participan" en el gobierno común de la ciudad, expandiendo y enriqueciendo las áreas, formas y períodos en los que se lleva a cabo y ayuda a impulsar una inteligencia colectiva (Levy, 1997) capaz de asumir la complejidad de la vida urbana contemporánea. La tecnopolítica necesita hacer frente a los numerosos límites de lo que se ha llamado “la justicia digital” (Hindman, 2008) comenzando por liberarse de los narrativos tecnocénicos y tecnooptimistas en torno a la participación digitalmente mediada.

Se están construyendo nuevos procesos participativos en un contexto lleno de oportunidades y plagado de riesgos. El Programa de Acción Municipal y del Gobierno 2015 (PAM) para 2016-2019 elaborado para la ciudad de Barcelona da prioridad a la participación y, más específicamente, la innovación y el desarrollo de nuevos modelos democráticos participativos. PAM, cuyo desarrollo implicó a miles de personas, satisface una demanda social clara que exige un rediseño profundo del sistema democrático y sus mecanismos participativos. Sin embargo, esto está ocurriendo en un contexto definido por: a) grandes sectores de la población excluidos, tanto en lo político como en lo económico y social; b) aumentar las dificultades para acceder a la participación como resultado de la situación de crisis económica; c) una crisis por la legitimidad y la operatividad del sistema democrático representativo y de las autoridades públicas; d) una enorme dependencia tecnológica de las infraestructuras y servicios corporativos privados; e) un contexto jurídico y político adverso a la democracia directa, la independencia social y la soberanía territorial; f) una desventaja institucional abismal en la comprensión de las complejidades sociales a través de técnicas de análisis de datos y modelos de comportamiento social que poseen las grandes empresas tecnológicas y servicios coordinados digitalmente.

En el contexto de las nuevas configuraciones del capitalismo informativo (Castells, 1996), el llamado “capitalismo de datos” (Lohr, 2015; Morozov, 2015) o "capitalismo de vigilancia" (Zuboff, 2015), las nuevas infraestructuras digitales de la democracia corren el riesgo de contribuir a una dinámica contraria a principios como la privacidad y la soberanía tecnológica. Exclusivo, plataformas cerradas y opacas orientadas a explotar las actividades sociales con fines de lucro empresarial funcionan como espacios no democráticos que cada vez ocupan más áreas de la vida social. Este modelo es especialmente peligroso en relación con las nuevas infraestructuras y procesos democráticos de los que estamos hablando.

Comparado con el modelo exclusivo y corporativo de infraestructura, el modelo público común, que creemos decimal. el desarrollo de la arcelona necesita ser inspirado por, se orienta hacia plataformas de desarrollo donde el diseño, la propiedad y la gestión son libres, abiertos y participativos, compartidos entre los trabajadores públicos y los ciudadanos (organizados o no). Bajo este modelo, no sólo el código de la plataforma, sino también los datos que se generan en ella son procesados y apropiados según la lógica de la gestión pública y común. La apertura de todo y cualquier cosa a la participación, la marca de lo común como un principio político (a diferencia de la esfera privada e incluso del estado--- Laval y Dardot, 2015), parece ser una condición básica para que las infraestructuras participativas sean plenamente funcionales. La participación tiene que ser recursiva aquí: tiene que ayudar a definir y establecer las condiciones de infraestructura de su propia existencia y a afectar al diseño, desarrollo y gestión de plataformas digitales participativas, así como los procesos y resultados (e. . datos) que se generan en ellos.

Poner en manos de grandes corporaciones de servicios digitales, la organización algorítmica de la vida social y la zona de la que nos ocupa. la participación política, plantea un riesgo para la democracia y la soberanía tecnológica que sólo un esfuerzo público común en las infraestructuras digitales puede invertir. Sólo las plataformas basadas en software de gestión libre, abierto, transparente, seguro y público común ofrecen garantías cuando se trata de construir democracias de mayor calidad. La democracia del futuro tiene que construirse sobre infraestructuras democráticas.